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02:17 p.m.
Fuente: La Hora

Transparencia
Crearán comisión interministerial para fiscalizar corrupción

Como parte de la lucha contra la impunidad "que se encuentra enraizada en casi todo el sistema nacional", el presidente Álvaro Colom dio a conocer esta mañana sobre una comisión que se encarga de fiscalizar cinco ministerios del Ejecutivo.

Durante el programa radial Despacho Presidencial, el gobernante guatemalteco explicó que en los cinco ministerios de gran ejecución se ha establecido hace algunos meses un programa de gestión financiera, con el que se pretende modernizar dicha gestión e independizar los mandos de su administración.

Al respecto, Ronaldo Robles, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, explicó que este programa busca generar transparencia en áreas clave. Los cinco ministerios mencionados por el Presidente son: Gobernación, Educación, Salud, Comunicaciones y Defensa Nacional.

ESFUERZO INTERNACIONAL

Como un esfuerzo regional contra el contrabando también se realizará "una especie de OTAN" contra el narcotráfico, que sería una fuerza multinacional contra este flagelo y que se trabajará a nivel regional.

Esto debido a que el mandatario considera que el narcotráfico se puede combatir y resistir de mejor manera si se trabaja de manera conjunta, debido a que las "mafias" que se dedican a este negocio no tienen nacionalidad y no respetan fronteras.


08:35 a.m.
Fuente: Siglo XXI

En Gobernación está el mayor foco de corrupción

La cartera encargada de la seguridad ciudadana es la más manchada por actos de corrupción e inestabilidad. Analistas consideran que al Ministerio del Interior sólo se le ha visto como un “botín presupuestario”.

Durante la campaña electoral, el entonces candidato Álvaro Colom ofreció “seguridad con inteligencia”, pero tras 26 meses de su gobierno, la institución llamada a “cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público” es el principal foco de corrupción de la actual administración.

En el Ministerio de Gobernación se han realizado tres contratos, de anomalías. Además, es la cartera más inestable, con cinco cambios de Ministro. La cartera manejó el año pasado una asignación presupuestaria de más de Q3,275 millones

El pasado 22 de febrero, la Superintendencia de Bancos (SB) denunció en el Ministerio Público (MP), por transacciones sospechosas de lavado de dinero, el contrato por Q40 millones firmado por la Policía Nacional Civil (PNC) con la empresa Proyectos Maskana. Dicho negocio fue avalado por el ministro Raúl Velásquez y, según el presidente Colom, fue la razón de su destitución.

Otro negocio, por Q23.7 millones, fue firmado por la PNC con la Industria Militar (IM), para el servicio de alimentación servida a los alumnos de la academia policíaca. El convenio fue rescindido al constatarse las irregularidades.

La PNC también suscribió un contrato con la IM, por Q162.1 millones, para que la empresa castrense proveyera de equipo a las fuerzas policíacas, incluidos 10 mil chalecos antibalas, los cuales fueron señalados de defectuosos en el blindaje (vea: Negocios turbios).

Jugoso botín
La precomisionada para la reforma de la PNC, Helen Mack, considera que se ha hecho del Ministerio de Gobernación “un botín presupuestario”, en el cual, en nombre de la seguridad y de los policías, “se han enriquecido los funcionarios, pero los beneficios no han llegado a los agentes ni a la población”.

Agrega que es necesario combatir la corrupción, para lo cual se requiere fortalecer la Inspectoría General y la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP).

Mack señala que ambas entidades fueron debilitadas y aisladas por Velásquez y su antecesor, Salvador Gándara.

Por si la corrupción en el Ministerio no fuera suficiente, la PNC parece haber tocado fondo con la captura de dos de sus cúpulas, ligadas al narcotráfico, en menos de siete meses (lea: Crimen uniformado).

Situación alarmante
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana (AC), califica de “alarmante para el país”, la situación en la cartera del Interior. Señala que “la corrupción del esquema de seguridad pública ha hecho prácticamente inoperante la función de la Policía. Creemos que sólo tiene remedio haciendo una reforma integral y conceptual de la Policía.

Ya no se arregla con una depuración, sino que es de repensar toda la institución”.

La diputada Rosa María de Frade, presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso, calificó de “grave” lo que pasa en Gobernación.

“Pero no solamente ha sido ahí, sino también con el tema de la obra pública, la contratación a través de ONG, o los procedimientos hechos por excepción. Es necesario cambiar leyes para prohibir utilizar ONG como intermediarias en compras de bienes, suministro y obra pública”, subrayó la parlamentaria.

Ana María de Klein, de Madres Angustiadas, refirió: “Nos preocupa porque Gobernación es una presa excelente para la gente corrupta. La institución permite utilizar no sólo el presupuesto para Gobernación, sino también el de la PNC”.

De Klein indicó que Gándara trasladó el sistema telefónico 110, de su sede original en la zona 12, a la Dirección General de la PNC. “Esto costó como Q20 millones, y encima de todo fue desmantelado el 110”, criticó.

CRIMEN UNIFORMADO
El 2 de marzo fueron capturados el director de la PNC, Baltazar Gómez; la jefa de la División de Análisis e Información Antinarcótica (DAIA), Nelly Bonilla y uno de sus oficiales subalternos. Los tres fueron sindicados por la CICIG de ser la “cúpula” de una estructura clandestina ligada a un grupo de narcotraficantes, la cual, el 24 de abril de 2009 perpetró un tumbe de 700 kilos de cocaína en un complejo de bodegas de Amatitlán, en la cual murieron cinco agentes de la DAIA, que fueron repelidos por los narcos a los que pertenecía la droga. Gómez llegó al cargo en sustitución de Porfirio Pérez Paniagua, quien fue capturado el el 27 de agosto de 2009 y procesado por el robo de $300 mil a un supuesto narcotraficante. También fue aprehendido el jefe de la Comisaría 11. El 11 de noviembre del año pasado, el Fiscal General, Amílcar Velásquez Zárate, señaló a Pérez de ser el “líder de una estructura criminal que operaba en la PNC y que se dedicaba al robo de cocaína y dinero del narcotráfico”.

08:30 a.m.
Fuente: Siglo XXI

Colom señala a mafia en caso Montenegro

Agentes de la SAAS protegerán a diputada Según el gobernante, grupos investigados por la CICIG estarían involucrados en plan de atentado contra congresista.

El presidente Álvaro Colom se pronunció sobre el supuesto plan para asesinar a la diputada Nineth Montenegro y refirió que el caso “tiene que ver con mafias que están siendo golpeadas por investigaciones; tiene que ver con otros casos de la CICIG”.

Respecto a la causa del plan, el gobernante afirmó que la fiscalización de Montenegro al programa Mi Familia Progresa “no tiene nada que ver, por lo menos es la información que se tiene”.

Colom dijo que en noviembre “sucedió igual con otras dos personalidades, pero se tomaron las precauciones y no pasó nada, gracias a Dios”. Al preguntarle si consideraba que el intento de ataque contra la parlamentaria buscaría perjudicar a su gobierno, Colom respondió que sí.

Seguridad de la SAAS
Montenegro dijo que acepta la protección de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), y que se reunirá con el ministro de Gobernación, Carlos Menocal. “Quiero definir qué tipo de seguridad se me brindará a mí y a mis hijas”, indicó.

El embajador de Estados Unidos, Stephen McFarland, deploró la amenaza contra Montenegro y pidió investigar.

Aunque en un primer momento la diputada estuvo renuente a tener guardaespaldas, dijo que cambió de opinión “porque si no dirán que me morí porque no quise que me ayudaran”.

Montenegro fue entrevistada ayer por una comisión de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la cual también le ofreció seguridad.

La legisladora indicó que el titular de la PDH se comprometió a llevar el caso a instancias internacionales. En el Congreso, Montenegro recibió apoyo del diputado Mario Taracena (lea: Solidaridad congresil).

RECUADRO SOLIDARIDAD CONGRESIL
Durante la sesión plenaria, Taracena, miembro de la UNE, exigió que los diputados se solidarizaran “con una gran diputada que es víctima de amenazas”. Taracena tomó la palabra en el pleno, tras los discursos de la diputada Anabella De León, del Partido Patriota, y parlamentarias de la bancada oficial, que pretendían la aprobación de un punto resolutivo a favor de la mujer y la aprobación de los cambios a la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar. El congresista les reprochó: “Qué bonitos los discursos de las compañeras, pero lamento que en ninguno escuché solidaridad hacia la diputada Nineth, por las amenazas de las que está siendo víctima”. El diputado logró que se aprobara un punto resolutivo. La Junta Directiva del Congreso se reunirá hoy, a las 10 de la mañana, con Carlos Castresana, titular de la CICIG, y el ministro de Gobernación, Carlos Menocal, “para que informen cuál es el proceso que se lleva con Nineth”, dijo Taracena.

08:25 a.m.
Fuente: Siglo XXI

Demanda estructura para proyectos de Cohesión

Contralor se comprometió a exigir códigos en Siaf Según Nineth Montenegro, sólo 4 de los 11 programas tienen detalles de los beneficiarios para fiscalizar.

La diputada Nineth Montenegro citó al titular de la Contraloría General de Cuentas, Carlos Mencos, para solicitarle “su esmero en exigir que se establezca una estructura programática” en el resto de planes del Consejo de Cohesión Social, ya que, según ella, sólo 4 de los 11 programas tienen estructura “y no se pueden fiscalizar”.

“Hemos tratado de fiscalizar las Becas Solidarias, Mi Comunidad Produce, el Consejo de Cohesión Social Urbano, pero no se puede, no tienen estructura programática, no se encuentran el sistema”, le explicó la parlamentaria al Contralor.

“Llevamos un año pidiendo información de Mi Comunidad Produce al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Obras Sociales de la Presidencia (Sosep), y no nos han entregado nada”, refirió Montenegro.

La congresista insistió en que los programas en mención “son los que más dudas causan, porque es mucho dinero; aunque ni siquiera se sabe con certeza cuánto es; son dos fideicomisos”.

“Le pido que me ayude a lograr que se establezca una estructura programática, para que por lo menos sepamos quiénes son los beneficiarios, cuánto se les entrega, cómo y en dónde”, requirió.

Dice trabajar
“He tenido reuniones previas con el director del Sistema Integrado de Administración Financiera (Siaf), para que se institucionalice el programa, que sería el gran paso para evitar que se eroguen pushitos de dinero por todos lados”, respondió el Contralor, y agregó: “Le voy a recordar al director, otra vez, que se requiere que se le ponga un código sectorial y programático”.

Además, resaltó que otro de los temas es “descubrir cuántos de los 11 son proyectos presidenciales, porque Cohesión Social no existe”.

Con relación a la fiscalización de Mifapro, Mencos confirmó que hay “44 mil nombres repetidos y se verificará si son homónimos, aunque indica que hay uno que se repite 38 veces.

08:20 a.m.
Fuente: Siglo XXI

Acusan a 3 por especulación
El viceministro para la Inversión, Erasmo Velásquez, dio a conocer que la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) presentó tres denuncias ante el Ministerio Público (MP) por especulación y acaparamiento.

Las denuncias se basan en que los comercios obligaban a los clientes a efectuar un consumo límite como un requisito para adquirir cinco libras del edulcorante. El funcionario explicó que no se “permitirán” esas prácticas, y aseguró que la Diaco continuará haciendo las verificaciones “de incógnito” en todo el país, principalmente en las fronteras.

Velásquez se reservó los nombres de las empresas, pues aún tienen derecho a defenderse.

08:15 a.m.
Fuente: El Periódico

Publicaciones dan cuenta de las irregularidades por medio de ONG
“elPeriódico” denunció corrupción que gira en torno a varios contratos con ONG contratadas por Fonapaz desde la gestión de Obdulio Solórzano.

En total 22 ONG sobrevaloraron proyectos con el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) por Q93.7 millones y actualmente el Ministerio Público (MP) conoce 103 denuncias por irregularidades cometidas por esas asociaciones.

Ayer, elPeriódico publicó que Q440 millones que eran manejados por ONG en Fonapaz incumplieron con los contratos.

De esa cantidad se lograron recuperar Q93.7 millones, de acuerdo con Jairo Flores, director de Fonapaz y a partir de enero de 2010, ya no se realizarán obras por medio de ONG.

Las ONG cobran entre el 3 y el 5 por ciento para administrar los fondos públicos y contratar a empresas que ejecutan las obras.

El responsable de la adjudicación de esos proyectos era el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y miembro del Comité Ejecutivo de ese partido, Obdulio Solórzano Montepeque, quien fungió como director del Fonapaz. Sin embargo, todas las demandas se han realizado en el Ministerio Público en contra de las ONG y el ex director Solórzano permanece impune.

Una de las ONG que elPeriódico ha publicado por anomalías en sus contrataciones, y que según el director de Fonapaz, ha tenido que reintegrar fondos a la institución, es la Asociación para el Desarrollo de Punta de Palma (Adepa), creada por Rodrigo Lainfiesta y Juan Diego Lainfiesta, financistas de campaña de Álvaro Colom y unos de los mayores contratista en obras de infraestructura del Estado. Esta ONG ha beneficiado a las empresas Construcciones y Servicios de Guatemala y Renta Maq, también propiedad de ellos.

El 11 de agosto de 2009 la ONG Adepa también obtuvo contratos en forma irregular por Q116.2 millones, entre los que destacan la construcción de comedores solidarios.

Una de las publicaciones más recientes fue hecha el 23 de febrero, en la cual se detalla “ONG de ex viceministro de Salud beneficiada con Q61.8 millones en contratos”, la nota se refiere a la Asociación para el Desarrollo Familiar (Adesfam), propiedad de Luis Gabriel López Monterroso.

Otra de las ONG que ha adjudicado proyectos en forma anómala es la Asociación Camino para el Desarrollo (Acade).


08:10 a.m.
Fuente: El Periódico

Luz verde para extraditar a Portillo
El ex mandatario es solicitado por el Gobierno de Estados Unidos que lo acusa de conspiración para lavado de dinero.

Es oficial, el Ministerio Público (MP) recibió la autorización de la cancillería mexicana para extraditar al ex presidente, Alfonso Portillo, confirmó el fiscal general, Amílcar Velásquez Zárate a la agencia de noticias AP. “Ya llegó la autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores de México”, puntualizó el funcionario.

El 17 de marzo del año en curso, el Tribunal Quinto, quien controla el expediente de extradición que pesa en contra del ex mandatario, celebrará una audiencia para dilucidar la procedencia o no del requerimiento hecho por la fiscalía del distrito sur de Nueva York de juzgar a Portillo en el país del norte por el delito de conspiración para el lavado de dinero.

Portillo agotó un primer proceso de extradición en 2008, cuando el Gobierno mexicano tramitó que el ex dignatario se presentara ante un juez para enfrentar proceso por el delito de peculado. Este proceso penal no ha sido agotado y está pendiente de realizarse la audiencia de apertura a juicio, debido a que se suspendió por acciones interpuestas por la defensa.

Lo cierto es que la Fiscalía necesita la autorización del Gobierno de México, debido a que el tratado de extradición entre Guatemala y México estipula que alguien que es extraditado por dos países no puede ser dado a un tercero sin el consentimiento del que lo dio de primero. En la Torre de Tribunales ya se han interpuesto dos recursos de inconstitucionalidad que buscan frenar que el ex Presidente sea juzgado en Estados Unidos.
elPeriódico trató de obtener la versión de Telésforo Guerra, defensor de Portillo, pero este no contestó las llamadas.

*Con información de Juan Manuel Castillo